La Segunda República Española

Los partidos de izquierdas se presentaron a las elecciones agrupados en el Frente Popular y los partidos de derechas en el Bloque Nacional.

Con la entrada de la CEDA en el gobierno aumento su influencia y procedió a una reorientación más dura de la política del gobierno. Se devolvieron las propiedades a los Jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la Guerra y a Francisco Franco, jefe del Estado Mayor.

El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, frenó la reforma agraria y paralizó la aprobación del proyecto de Estatuto de Autonomía de País Vasco, además de enfrentarse con la Generalitat de Cataluña.

En el otoño de 1933 ya eran evidentes la crisis de la coalición republicano-socialista y el desgaste del gobierno. Manuel Azaña dimitió, disolvió las Cortes y convocó elecciones.

La República despertó entre las clases populares grandes esperanzas de cambios en la distribución de la renta y la riqueza. Pero también provocó temor y desconfianza entre los propietarios de la tierra y los empresarios, cuyas inversiones eran decisivas para el aumento de la producción y el empleo.

El proyecto de mayor envergadura iniciado por la República fue la reforma de la agricultura, que pretendía poner fin al predominio del latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres.

Manuel Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello redujo los efectivos militares, poner fin al fuero especial de los militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la intervención del ejército en la vida política.

Debido a las profundas discrepancias en relación a la aprobación de la constitución, Niceto Alcalá dimitió y el gobierno quedó en manos de Manuel Azaña, que estaba compuesto principalmente por los republicanos y los socialistas que impulsaron un programa de reformas.

Tras la proclamación de la República, los diputados electos formaron las nuevas Cortes republicanas, que elaboraron un proyecto de constitución y el poder ejecutivo quedó en manos del gobierno de Niceto Alcalá Zamora.

Alfonso XIII nombró al General Berenguer encargado de sustituir a Primo de Rivera, con la misión de celebrar unas elecciones que permitiera retornar a la normalidad constitucional.